La ley lleva en vigor seis años y ningún poder de la Unión
Europea ni de ningún otro país ha protestado. Ahora que el escándalo se ha aireado
por los medios de comunicación, distintos Estados empiezan a pedir
explicaciones para aparentar que no sabían nada. Mientras, muchos Estados probablemente
se hayan aprovechado de esos datos y esa facilidad para transgredir sus respectivas
leyes de protección de datos. Los datos se recaban por empresas de EE.UU que
operan en distintos países (Google, Yahoo, Microsoft, …). Al recabar los datos de
ciudadanos de países con leyes específicas de protección de datos, estas
empresas deberían responder ante las
leyes nacionales de los países donde operan por el uso que hacen de esos datos.
Así aunque según las leyes de EE.UU hayan llevado a cabo un acto patriota,
según otras leyes han cometido un delito muy grave. Y los servicios de
inteligencia de distintos países que se han aprovechado de esos datos también. Por
otra parte, ¿Quién puede asegurar además, por ejemplo, que el Estado Español no
haya permitido vigilar nuestras comunicaciones a cambio de un pacto secreto para
utilizar en su provecho los datos recabados o que el propio Estado tenga su
propia versión de vigilancia? De momento no existe en España la obligación de
comunicar este tipo de pactos o actos presuntamente ilegales y con la futura
ley de transparencia aún menos, amparados en el supuesto de la seguridad
nacional.
Lo lógico hubiera sido que a todas las empresas de EE.UU. que
mantienen datos de ciudadanos europeos se les hubiera prohibido operar en la Unión
Europea por no poder proteger suficientemente los datos; al menos, durante la
vigencia de esta ley, que es manifiestamente contraria a las leyes de
protección de datos europeas. Pero parece que la lógica no es el plato fuerte
de nuestros gobernantes ¿Alguna idea de por qué?
Los próximos días veremos si al menos son consecuentes una
vez que todos nos hemos enterado de estos chanchullos: del programa de recolección de datos de los cables de fibra óptica y de los servidores de empresas américanas (PRISM).
En realidad para que ni el Estado de EE.UU ni ninguna otra entidad
pudieran fisgonear nada en nuestras comunicaciones sería necesario que todas
las comunicaciones fueran cifradas convenientemente. Actualmente es como si mandáramos
mensajes abiertos a quien quisiera leerlos esperando que sólo los leyeran las
personas deseadas, confiando en la discrección del resto. Pero qué menos se puede pedir que los datos que dejamos
voluntariamente en servidores estén amparados por una legislación uniforme de
protección de datos. Que no haya ciudadanos de primera ni segunda ni tercera
clase.
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