13 de junio de 2013

¿Estamos vigilados?

Por supuesto que sí.  No hacía falta que nadie arriesgara su integridad física ni su futuro. Basta con leer las leyes creadas recientemente para que no quede ningún margen de duda. Lo que ha revelado recientemente Edward Snowden no es más que la puesta en práctica de la última versión de la Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 ("FISA") que en EE.UU se conoce con el revelador nombre de Protect America Act of 2007 (ley para la protección de América). La ley, en general, pretende crear un procedimiento que proteja los datos que se recaban de los ciudadanos de los EE.UU o de sus residentes. Pero, para los demás no existe el mismo grado de protección. La última versión de la ley permite investigar cualquier comunicación que involucre a personas que no sean nacionales de EE.UU y no se encuentren en el momento de la investigación en EE.UU. sin necesidad de una autorización judicial (basta con rellenar un informe). Las empresas a las que se requiera esta información están obligadas a proporcionarla y no comunicar a nadie qué información se suministró. El resultado es que no hay ningún control sobre la información que recaban excepto los citados informes en poder de la FISA Court.

La ley lleva en vigor seis años y ningún poder de la Unión Europea ni de ningún otro país ha protestado. Ahora que el escándalo se ha aireado por los medios de comunicación, distintos Estados empiezan a pedir explicaciones para aparentar que no sabían nada. Mientras, muchos Estados probablemente se hayan aprovechado de esos datos y esa facilidad para transgredir sus respectivas leyes de protección de datos. Los datos se recaban por empresas de EE.UU que operan en distintos países (Google, Yahoo, Microsoft, …). Al recabar los datos de ciudadanos de países con leyes específicas de protección de datos, estas empresas  deberían responder ante las leyes nacionales de los países donde operan por el uso que hacen de esos datos. Así aunque según las leyes de EE.UU hayan llevado a cabo un acto patriota, según otras leyes han cometido un delito muy grave. Y los servicios de inteligencia de distintos países que se han aprovechado de esos datos también. Por otra parte, ¿Quién puede asegurar además, por ejemplo, que el Estado Español no haya permitido vigilar nuestras comunicaciones a cambio de un pacto secreto para utilizar en su provecho los datos recabados o que el propio Estado tenga su propia versión de vigilancia? De momento no existe en España la obligación de comunicar este tipo de pactos o actos presuntamente ilegales y con la futura ley de transparencia aún menos, amparados en el supuesto de la seguridad nacional.

Lo lógico hubiera sido que a todas las empresas de EE.UU. que mantienen datos de ciudadanos europeos se les hubiera prohibido operar en la Unión Europea por no poder proteger suficientemente los datos; al menos, durante la vigencia de esta ley, que es manifiestamente contraria a las leyes de protección de datos europeas. Pero parece que la lógica no es el plato fuerte de nuestros gobernantes ¿Alguna idea de por qué?

Los próximos días veremos si al menos son consecuentes una vez que todos nos hemos enterado de estos chanchullos: del programa de recolección de datos de los cables de fibra óptica y de los servidores de empresas américanas (PRISM).

En realidad para que ni el Estado de EE.UU ni ninguna otra entidad pudieran fisgonear nada en nuestras comunicaciones sería necesario que todas las comunicaciones fueran cifradas convenientemente. Actualmente es como si mandáramos mensajes abiertos a quien quisiera leerlos esperando que sólo los leyeran las personas deseadas, confiando en la discrección del resto. Pero qué menos se puede pedir que los datos que dejamos voluntariamente en servidores estén amparados por una legislación uniforme de protección de datos. Que no haya ciudadanos de primera ni segunda ni tercera clase.

 

 

 

 

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