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6 de junio de 2012

La ley del silencio sobre la crisis bancaria en España. ¿Por qué? La intervención inevitable.

portada SOS Espagne Llevamos ya  dos largas semanas de silencio de nuestras autoridades. Este silencio responde a la política de transparencia propuesta por nuestro Gobierno.

La ley de transparencia en su artículo 10 dice que:

“El derecho de acceso podrá ser restringido cuando la divulgación de la información suponga un perjuicio para: (…) Los intereses económicos y comerciales. La política económica y monetaria. (…)”.

Curiosamente no menciona los intereses de quién porque se debe dar por supuesto que son los intereses de los que gobiernan, que son los que deciden cómo se restringe este derecho. En este caso son ellos los únicos interesados en restringir esta información.

Por otra parte en el Artículo 9 dice:

“Se entiende por información pública la que obre en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones públicas, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”.

Nadie puede dudar que la información sobre Bankia y la crisis bancaria afecta y mucho a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Y por si fuera poco el Artículo 13 dice:

Se exceptúan del ejercicio del derecho de acceso las solicitudes que se refieran a información:

  • Que esté en curso de elaboración o de publicación general.
  • Que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones internas o entre órganos o entidades administrativas.
  • Para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

Y claro tampoco puede dudar nadie que es necesaria una acción previa de reelaboración de la información porque las notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones internas o entre órganos o entidades administrativas serían impresentables y el hazmerreir de toda Europa. Y este trabajo de reelaboración sería una pesada carga para el ejecutivo en un momento de trabajo como el actual en el que la prioridad es salvar el cuello, el suyo.

Ha quedado manifiesto que el Banco de España, el supervisor del sistema bancario español, trabaja para el Gobierno y responde ante el, no tiene ninguna responsabilidad ante los ciudadanos. Si al Gobernador del Banco de España le dice el Gobierno que no informe, él se calla. No hace falta enseñarle ninguna ley de transparencia.

¿Por qué ahora se utiliza el silencio en vez de una mentira más?

Porque ya no está claro que puedan seguir ocultando el pastel mucho más. Al Gobierno se le acabó el crédito monetario, y el de confianza. No saben cuánto tiempo más podrán seguir pidiendo dinero al mercado sin mostrar que hacen con él. Pero de momento no han tirado la toalla, estas últimas semanas han dado una muestra patética de imaginación y desesperación para conseguir fondos sin tener que ofrecer información a cambio. A mí me maravilla que todavía se sigan comprando bonos del Tesoro Español independientemente del diferencial que se aplique, ni un 100% sería suficiente si España quiebra antes de un año. Una muestra más de la codicia del mercado y de la creencia mística en la multiplicación del dinero. Pero el mercado tiene un límite en su sentimiento mágico y pedirle el dinero para un rescate bancario de la magnitud que hace falta en España está fuera de cuestión. Así que al Gobierno sólo le queda recurrir a organizaciones supranacionales, pero estas necesitan garantías, que no es más que puedan supervisar cómo se invierte su dinero con el objetivo siempre presente de que se les pueda devolver íntegramente lo aportado. Y esto es precisamente a lo que el Gobierno le tiene terror. Un ojo por encima de su hombro cuestionando todo lo que hacen. Y lo que es peor con acceso a información que es probable que en estos momentos mucha gente esté reelaborando a toda prisa para dejar la casa limpia para los nuevos inquilinos. Por ejemplo, las cuentas de los partidos, que ante una más que previsible debacle electoral van a descuadrar más que nunca. Otro ejemplo, las refinanciaciones de empresas en quiebra propiedad o participadas por los bancos u otros intereses afines. Desde hace varios años no hay crédito para empresas en el que los bancos no tengan intereses y en cambio no han quebrado apenas empresas que “dispongan de crédito” en los bancos, independientemente de sus cuentas de resultados.

El ejemplo de Grecia debería mostrar que se debe elegir otro camino para no repetir los errores cometidos allí. Si los organismos supranacionales prestan sin más el dinero sin preocuparse del bienestar de los ciudadanos se arriesgan a un vuelco electoral que declare nula la obligación de devolverlos. Puede salir un Gobierno que reniegue los prestamos por haber sido utilizados con fines privados en vez de fines reflejados en la Constitución. Que abra investigaciones sobre la gestión de los fondos públicos en Gobiernos anteriores y delimite responsabilidades.  Los organismos supranacionales no deberían arriesgarse a ello. Todos los días vemos en los medio de comunicación la exigencia de estos organismos de que la ayuda la solicite el Estado Español y no entidades privadas para asegurarse la devolución. Sin embargo, si estos fondos son utilizados por el Estado Español de manera fraudulenta puede ser que algún día se demuestre que fueron intereses privados los que manejaron el dinero y no un Gobierno que respetaba los derechos reflejados en la Constitución. Esto debería conllevar un mayor grado de implicación en los asuntos internos del Estado por parte de los Organismos que dirijan el rescate. Y que el Gobierno se oponga aún más a un rescate y busque desesperadamente dinero independientemente del coste económico.

Lo más probable es que España acabe siendo rescatada más tarde o más temprano pero al Gobierno no le importará pagar lo que sea con el dinero de todos para que ese momento sea lo más tarde posible.